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Boletín de noticias 23 de enero de 2012
EL TIEMPO
BUSCAN ERRADICAR MALAS PRÁCTICAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO
Para lograrlo, el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de ley.
Un reciente informe de la Fiscalía sobre las estrategias dilatorias que usan algunos abogados en los procesos llevó al Ministerio de Justicia a preparar un proyecto de ley que llegará al Congreso en la próxima legislatura, para reglamentar y castigar las malas prácticas en el ejercicio del derecho.
"El nuevo estatuto contempla lo que debe entenderse éticamente para ejercer la profesión del derecho, y a partir de esos principios establecer los deberes del abogado. Luego se establecerá un régimen sancionatorio para castigar las faltas a esos deberes y principios", explicó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Estas son algunas de las trampas que el nuevo estatuto pretende evitar.
Cambio y renuncia de abogados
Algunos defensores buscan entorpecer el curso de los casos renunciando a la defensa de sus clientes en etapas claves del proceso. El cambio de apoderado siempre se presenta en momentos en que es necesaria su actuación. El objetivo es dilatar los procesos de tal manera que los procesados terminen libres por vencimiento de términos o beneficiados por la prescripción de las investigaciones.
Negativa a notificarse
Es común que abogados excedan los términos procesales y logren beneficios para sus clientes, evitando ser informados de las decisiones. Se amparan en un principio universal del derecho: las medidas judiciales se cumplen solo cuando son conocidas por las partes.
Pedir pruebas en exceso
Otra trampa usual es pedir pruebas amañadas, como la versión de testigos que no pueden ser ubicados o documentos inexistentes, con el único fin de gastar el mayor tiempo posible en esa etapa y exceder los términos para conseguir la libertad.
Provocar al juzgador
La actitud desafiante y provocadora de abogados y acusados hacia los jueces y fiscales, buscando una reacción que les dé pie para invocar una supuesta falta de garantías y poder recusarlos, es otra práctica común. Si el funcionario cae en la trampa, el proceso se enreda, pues tiene que volver a empezar en otro despacho.
Las fallas de los acusados y sus defensores
Decenas de audiencias tienen que aplazarse porque el acusado o sus abogados, por cualquier razón, no se aparecen ante el juez. En muchas ocasiones se alegan enfermedades de última hora; en otras, se invocan razones de seguridad. Hasta retrasos en itinerarios y viajes imprevistos son invocados como excusas.
PIDEN APLICAR JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL EN CASO ALFONSO PLAZAS VEGA
Plazas apeló la condena que le impusieron: 30 años de prisión.
Abogado del coronel (r.) acaba de hacer la solicitud al Tribunal Superior de Bogotá.
Jaime Granados, abogado de Plazas Vega, condenado por las desapariciones del Palacio de Justicia, pidió que se tenga en cuenta una reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el proceso contra su cliente.
En carta al tribunal, el abogado pide que se revoque la condena a 30 años siguiendo la jusrispruendia de un reciente casos que guarda similitudes legales.
Específicamente, hace referencia al caso del ruandés Callixte Mbarushimana quien quedó en libertad en dicembre pasado por falta de eviencia de los cargos de asesinato, violación y tortura en la República del COngo, cmo líder de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda.
Granados argumenta que los cargos fueron tumbados porque no se pudo probar la intencionalidad o dolo en la comisión de dichos crímenes.
En la condena a Plazas -explica el abogado- solo se hacen dos menciones al posible dolo y nunca se justifica ni demuestra el mismo.
Granados también insiste en que el testimonio del cabo (r.) Edgar Villamizar Espinal contra su cliente no sea tenido en cuenta dentro del proceso por las contradicciones en las que ha incurrido. Se trata del testigo que aseguró haber escuchado a Plazas dar la orden de desaparecer a rehenes y luego dijo haber sido suplantado.
Se espera que en los próximos días el Tribunal defina si acoje los argumentos de la defensa y revoca o no la condena contra el coronel.
EL ESPECTADOR
PALACIO DE JUSTICIA
Esta semana se podría conocer el fallo del Tribunal Superior de Bogotá frente a la apelación de la condena de 30 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
El abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del excomandante del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un memorial con el fin de que tengan en cuenta una reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), para que sea analizada dentro de la revisión de la apelación contra la condena de 30 años de prisión emitida contra su cliente en junio de 2010 por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según Granados, en el caso del ruandés Callixte Mbarushimana no se pudo demostrar claramente que haya participado en los cargos que se endilgaban de asesinato, violación y tortura en la República del Congo, puesto que no se presentaron pruebas y evidencias contundentes.
Para el abogado, esta condena señala que “de ninguna manera se puede condenar a una persona por ser jefe simplemente, sino que se requiere prueba de que haya actuado con dolo, es decir, que haya tenido conocimiento de los actos violatorios de Derechos Humanos y haya estado de acuerdo con ellos".
Se espera que en el curso de esta semana la Sala Penal del Tribunal Bogotá de Bogotá defina si mantiene o revoca la condena en contra del ex comandante de la Escuela de Caballería por el delito de desaparición forzada agravada.
Según se pudo establecer a inicios de diciembre del año pasado, dos magistrados derrotaron la ponencia presentada por el togado Hermes Darío Lara, quien era partidario de que se rechace la condena contra el militar retirado.
El magistrado Lara, en efecto, presentó su ponencia el pasado 28 de noviembre y, según las mismas fuentes, en ella acogía las tesis de la defensa en el sentido de que no existen pruebas suficientes para condenar al coronel Plazas Vega. Sus dos compañeros de sala, sin embargo, no pensaron igual.
CORTE EVALUARÁ SITUACIÓN DE DESALOJADOS DEL BARRIO MARRUECOS
Una comisión del alto tribunal recolectará documentos, fotos e información de fondo para establecer el contexto de las tutelas interpuestas por los habitantes.
A las nueve de la mañana de este lunes, una comisión judicial de la Corte Constitucional visitará a las cientos de personas que fueron desalojadas del barrio Marruecos, en la localidad Rafael Uribe Uribe en el sur oriente de Bogotá con el fin de revisar su situación.
El alto tribunal recolectará material fotográfico, documentos, escritos de compra y demás información con el fin de revisar el contexto en el que presentaron más de 32 tutelas en el marco de la semana pasada, las cuales fueron tenidas en cuenta por la Corte para suspender las actividades de desalojo que estaban siendo desarrolladas por la Policía Metropolitana.
Se allegará información de lo que está sucediendo y de los hechos registrados en la presente semana. Así como material fotográfico, documentos, escritos y demás que sean conducentes para la dilucidación de lo demandado” por los habitantes del sector, precisó el presidente de la Constitucional, Juan Carlos Henao el pasado jueves cuando se expidió el fallo que manifestaba la necesidad de defender el derecho de una vivienda digna.
Según el magistrado, en los próximos meses se revisará las tutelas presentadas por los habitantes de la llamada hacienda Los Molinos y se emitirá un fallo de fondo sobre la situación de estas personas que fueron engañadas por una constructora pirata, la cual les vedió un proyecto urbanístico.
En los últimos días el secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolf anunció la entrega de subsidios de arrendamiento a las familias que fueron desalojadas, hecho que también será revisado por la comisión judicial.
SOLICITARÍAN CONSULTA POPULAR CONTRA CORRIDAS DE TOROS
Organizaciones defensoras de animales realizarán diferentes manifestaciones para que el Concejo de Bogotá elimine los eventos relacionados con la tauromaquia.
Las organizaciones defensoras de derechos de los animales esperan que esta semana el Concejo de Bogotá tome una decisión sobre las propuestas presentadas en las últimas semanas para que la plaza de Toros La Santamaría de Bogotá cambie de razón social y sea utilizada para eventos deportivos y culturales muy alejados de la tauromaquia.
La directora de la Fundación Anima Naturalis, Andrea Padilla, manifestó su apoyo a la campaña emprendida por la Alcaldía de Bogotá en la cual se busca que las empresas de Distrito dejen de financiar las corridas de toros.
Ante este punto, se espera que sí esta propuesta no es bien vista en el Concejo, se le solicitará al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro que se adelanta una consulta popular con el fin de evitar la práctica de estos eventos.
“Se verá hasta qué punto se logra una conversación con los taurinos, la posición de nosotros es la prohibición, ese el objetivo que hemos buscado de manera histórica; por eso radicamos en la Alcaldía una carta invitando al Alcalde Petro a adelantar una consulta popular”, señaló Padilla en la WRadio.
Ante esta propuesta, el concejal Orlando Parada mostró su apoyo a este movimiento, señalando que el Distrito debe velar por el bien general y no por el particular, aclarando que las corridas de toros solamente son seguidas por un grupo muy reducido de personas.
“Los dineros del Distrito no pueden seguir fomentando una actividad de la que gustan muy pocos. Es menester que con ese dinero se construyan colegios y puestos de salud”, precisó el cabildante del partido de la U.
LA LUCHA FAMILIAR DE UNA CÓNSUL
El Gobierno les quitó las propiedades desde 2002 porque supuestamente fueron adquiridas con dineros de las Farc. El guerrillero que hizo la denuncia se retractó. Altas cortes han ratificado la extinción de dominio.
El hotel Country es una de las propiedades de la familia Cerpa Salazar que quedaron en manos del Estado. / Meridiano de Córdoba
La actual cónsul de Colombia en Ankara (Turquía), Edith Johana Cerpa Salazar, tiene un antecedente que jugaría en su contra si no fuera porque es una historia que podría tener cierto sabor a injusticia. El Estado le quitó desde 2002 los bienes a su padre, Carlos Alfonso Cerpa Herrera, porque supuestamente los adquirió con dineros producto de nexos con las Farc.
Sin embargo, después de la extinción de dominio, el guerrillero que los denunció reconoció que todo fue mentira y fue condenado por falso testimonio. A pesar de esto, las propiedades no fueron devueltas a los Cerpa. Desde entonces libran una lucha por recuperarlas, pero han perdido en todas las instancias. La última fue en la Corte Constitucional.
La diplomática Cerpa Salazar es una joven que se ha abierto camino en el sector público de mano de la excongresista y excandidata a la Alcaldía de Bogotá Gina Parody. Cuando se graduó como abogada empezó a trabajar en la Unidad Legislativa de la líder política, luego pasó a la Vicepresidencia de la República a laborar en el sector intersectorial para prevenir el reclutamiento de niños y, hoy, con 30 años, representa a Colombia en el exterior.
Su padre es un reconocido comerciante de Córdoba que actualmente vive entre Bogotá y Montería. Hasta finales de los noventa tenía negocios como hoteles, discotecas y restaurantes, que para la época de la extinción generaban ganancias cercanas a los $200 millones, según lo ha dicho el propio Cerpa públicamente. Los constantes señalamientos de su supuesta cercanía con la guerrilla también lo hicieron conocido en su población, luego de que el jefe paramilitar Carlos Castaño diera la orden de asesinarlo. Del atentado se salvó, pero quedó ciego.
El señor Cerpa Herrera ha dicho públicamente que dos parientes lejanos, Álvaro Alfonso Cerpa Díaz, alias Felipe Rincón, y Julio Antonio Cerpa Díaz, alias Tiberio Rincón, son miembros de las Farc, lo que se ha convertido en su peor pesadilla, pues, según él, por ese parentesco ha sido perseguido por las autoridades y los violentos. Insiste en que todo es un falso positivo judicial y que no fue testaferro de nadie.
Señalamiento
La mencionada persecución comenzó a finales de 2001 cuando el guerrillero Nelson Elías Celis Giraldo acusó a la familia de la hoy diplomática y a otras de Córdoba de ser testaferros del frente 18 de las Farc, al haber lavado dinero proveniente de secuestros y extorsiones. Basado en esta declaración, el fiscal 17 de la Unidad de Lavado de Activos abrió investigación y el 19 de abril de 2002 ordenó la ocupación de las propiedades de las familias denunciadas, con fines de extinción de dominio.
La orden afectó a Cerpa Herrera, a su esposa Edith Amparo Salazar y a sus hijas, Shirley Andrea, Edith Johana y Carolyn Melissa. Les embargaron 21 inmuebles, la discoteca Warming, el hotel Country Plaza, el hospedaje Embajador, el hotel La Moderna, Apartamentos Nacionales, el hotel Campo Amor, el hotel El Dorado, el hotel Country y 32 cuentas bancarias, varias de ellas a nombre de sus hijas. Según el dictamen pericial de la DIAN, no había justificación para el incremento patrimonial de Cerpa Herrera. Desde abril de 2002, estos bienes aparecen bajo custodia de la empresa Oslo Ltda. Curiosamente, según el Registro Único Empresarial, esta empresa cuenta apenas con dos empleados y fue registrada en agosto de 2004.
Al comienzo, el proceso pareció tomar buen camino. El 31 de agosto de 2004, el fiscal dijo que no había méritos para la extinción. Pero una protesta de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la Procuraduría lo hicieron cambiar de opinión el 22 de noviembre de ese año. Pese a que los Cerpa apelaron, argumentando la poca credibilidad de los testigos, la decisión quedó en firme y el caso pasó a juicio. El 19 de junio de 2008, un juzgado especializado de Bogotá decretó la extinción de dominio y el 10 de octubre de ese mismo año la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó.
A la par del proceso de extinción avanzaba la investigación por falso testimonio contra el guerrillero Celis Giraldo. El insurgente finalmente confesó que lo habían sobornado para mentir en varios procesos, entre ellos el de la familia Cerpa. Se acogió a sentencia anticipada y el 21 de enero de 2009 fue condenado por falso testimonio. A pesar de este giro en el proceso, todos los bienes de la familia siguieron en manos del Estado.
Desde 2009, Edith Johana Cerpa lidera la lucha por la recuperación de los bienes de su familia a punta de tutelas. En tres oportunidades acudió a la Corte Suprema pidiendo que revocaran la sentencia de extinción, apoyada en la condena al mentiroso guerrillero. Luego reforzó su pelea con un fallo en el que se ordenaba a la justicia devolverles los bienes a Alejandro Manuel Arrieta y a Manuela Lozano, otros de los que el guerrillero involucró falsamente. Pese a ello, perdió en todas las instancias.
Entre los argumentos que dieron los magistrados para rechazar las tutelas estaba, inicialmente, que los procesos de extinción no tenían opciones de revisión. Además, los magistrados indicaron que, fuera del testimonio del guerrillero Celis, en el expediente había otras pruebas que demostraban que los Cerpa Salazar no habían justificado su incremento patrimonial y que esto era suficiente para que el Estado les quitara las propiedades, sin importar el origen ilícito.
La última tutela fue en octubre de 2010, y el fallo también fue adverso, pero con otro argumento: que se había tardado mucho en hacer el reclamo, ya que habían pasado casi dos años desde la condena al guerrillero Celis.
Fue esta última tutela la que eligió la Corte Constitucional para su revisión y, una vez más, no se encontraron razones para revocar los fallos que ordenaban quitarles los bienes a los Cerpa Salazar, por lo que confirmó la decisión de la Corte Suprema al argumentar: “El tiempo transcurrido deja en evidencia un irrazonable desentendimiento, del cual puede inferirse la inexistencia de la violación de algún derecho fundamental legítimo”. Y agregaron: “Se puede constatar que las decisiones judiciales cuestionadas no se basaron sólo en lo dicho por Celis Giraldo (guerrillero), sino que también se verificaron informes de inteligencia, experticias contables, que no fueron desvirtuados y permitieron concluir irregularidades en el manejo de la contabilidad”.
Personas que conocen el proceso indican que detrás de esto hay una injusticia máxima y que, más que los bienes, lo que está buscando la familia Cerpa es recuperar la honra y su buen nombre. A pesar de esto, a criterio de la Corte Suprema, las pruebas van más allá del testimonio del guerrillero que mintió.
En esta oportunidad, el largo caso pasa una última prueba en la Corte Constitucional, donde se encuentra para revisión de Sala Plena. Ésta sería la última instancia en el país para definir el caso frente a la extinción de bienes de la familia de la actual cónsul de Colombia en Turquía. En caso de ser desfavorable, la única instancia que quedaría abierta para ellos sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que la diplomática se enfrentaría a una difícil decisión: la de demandar al Estado siendo funcionaria del Gobierno.
El Espectador intentó hablar con la diplomática, pero ella se abstuvo de dar declaraciones y se mostró preocupada por la seguridad de su familia.
DECLARAN IMPROCEDENTE TUTELA CONTRA EL PROCURADOR POR DISCRIMINACIÓN SEXUAL
La Corte Constitucional dejó sin piso jurídico la acción judicial contra Ordóñez Maldonado, quien había sido entutelado por presuntamente discriminar a un funcionario homosexual.
Al considerar que no se presentaron ni documentos ni testimonios que sustentaran la tutela, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional declaró improcedente la acción judicial instaurada contra el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, por el funcionario del Ministerio Público Daniel Sastoque Coronado, quien argumentó discriminación por haberlo trasladado de oficina.
Para la Constitucional, tanto el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya habían negado la acción de tutela, al considerar que no existían argumentos de fondo que evidenciaran un trato irregular por parte del Procurador General contra Santoque, quien demandaba un traslado de su puesto de trabajo debido a su orientación homosexual y a sus ideas políticas y filosóficas.
“No encuentra la Corte que el acto [de traslado] haya sido “ostensiblemente arbitrario” ni, por tanto, que la tutela sea procedente en virtud de la primera hipótesis. Conviene aclarar que el peticionario no ha sido el único funcionario trasladado desde la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos en el año dos mil diez (2010) y en lo que va del año dos mil once (2011)”, precisa uno de los apartes de la decisión.
Igualmente, manifiesta la Corte Constitucional que no se encontraron elementos que permitieran concluir que el traslado de Sastoque fuera expedido de manera intempestiva, aclarando que tampoco se pudo demostrar la violación, con esta acción, de sus derechos fundamentales como el de la salud, libertad de expresión, trabajo digno y buen nombre.
Manifiesta la Corporación que “el traslado del señor a la sede regional de Cundinamarca se dispuso con el fin de satisfacer la creciente demanda de servicios que experimentaba esa dependencia, como resultado de haberle asignado la función de atender la población desplazada por la violencia que llegara la capital del país y al Departamento de Cundinamarca, en conjunto con las Procuradurías Distritales”.
Por último, la Corte Constitucional tuvo en cuenta además las declaraciones del Procurador General, “en su calidad de ciudadano”, sobre ciertas opciones sexuales a propósito del grado de protección que estas deben recibir por parte del Estado y sobre cuáles deben ser los límites de la libertad humana en asuntos sexuales y eróticos.
Con esta, ya son 10 las tutelas que se archivancontra el jefe del Ministerio Público.
EL NUEVO SIGLO
AFROCOLOMBIANOS PIDEN CONSULTA PARA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO RURAL
Que le ordene al Ministerio del Interior ofrecer las garantías para el ejercicio de derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en lo concerniente al proyecto Ley de Tierras y Desarrollo Rural, le solicitaron al presidente Juan Manuel Santos, a través de una carta, las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, representadas por sus consejos comunitarios y organizaciones propias.
Entre los argumentos con que sustentan la petición está el cumplimiento de la normatividad vigente, en especial la decisión del Consejo de Estado expresada en la sentencia 530 del 5 de agosto de 2010, así como los artículos 5 y 46 de la Ley 70 de 1993.
Las organizaciones que suscriben la comunicación le presentaron a Santos una “propuesta en construcción” que contiene “mecanismos, garantías, ruta metodológica, equipo de apoyo, espacios de interlocución y concertación con los consejos comunitarios y sus organizaciones étnicas, cronograma y aspectos operativos de la misma”.
Para precisar los términos de la propuesta, los afrodescendientes le piden al presidente Santos concretar a la mayor brevedad posible una reunión con los ministros e instituciones encargadas del tema y los entes de control del Estado para concertar esta propuesta y hacer viable la presentación del proyecto en esta legislatura.
Carta
En la carta, las organizaciones plantean al presidente Santos que “con su orientación se ordene a quien corresponda” el “garantizar el derecho fundamental y colectivo a la participación y la libre determinación de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, representadas por sus consejos comunitarios y organizaciones propias, en el proceso de consulta previa y consentimiento previo libre e informado del proyecto Ley de Tierras y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la normatividad vigente y de la decisión del Consejo de Estado Sentencia 530 del 5 de agosto de 2010 y los artículos 5 y 46 de la Ley 70 de 1993”.
“Para efectos de lo anterior”, exponen, “nos permitimos en consenso presentar anexo a ésta una propuesta en construcción entre diversos sectores de consejos comunitarios y organizaciones, para la realización del proceso de participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la cual contendrá mecanismos, garantías, la ruta metodológica, el equipo de apoyo, los espacios de interlocución y concertación con los consejos comunitarios y sus organizaciones étnicas, el cronograma y los aspectos operativos de la misma. En concordancia con lo anterior respetuosamente le solicitamos a usted ordene que el Ministerio del Interior se abstenga de expedir el Decreto que prorroga por un año el periodo de la Consultiva de Alto Nivel con el cual también se pretende legitimar el acto inconstitucional que esta sea la instancia de representación con quien el gobierno realiza los procesos de Consulta Previa y consentimiento previo libre e informado en contravía de lo establecido en la Ley y la jurisprudencia”.
“Todo lo anterior lo solicitamos”, precisan, “en vista de la historia reciente, en que se ha negado nuestro derecho a la participación democrática, consulta y consentimiento previo libre e informado”.
“La Corte Constitucional ha dicho en un importante número de sentencias, que los sujetos de consulta son las comunidades propiamente dichas y sus organizaciones representativas, en este caso, los consejos comunitarios de comunidades negras. Con este argumento la honorable Corte Constitucional ha eliminado del ordenamiento jurídico leyes como la Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural, capítulos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 a 2010 y suspendió el Código de Minas, entre otras”, recuerdan las organizaciones firmantes de la misiva.
Al final, consideran “que la metodología propuesta legitima en Derecho la participación efectiva, democrática, libre y de acuerdo a los estándares del Derecho internacional y nacional, a la participación y la consulta previa y consentimiento previo libre e informado del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo rural. En virtud de lo anterior, solicitamos a usted, convoque a la mayor brevedad posible, una reunión con los ministros e instituciones encargadas del tema y los entes de control del Estado para concertar esta propuesta y hacer viable la presentación del proyecto en esta legislatura”.
EN LA INOCENCIA DE PLAZAS INSISTE SU DEFENSA
Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá presentó el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del coronel (r) Plazas Vega, una decisión de la Corte Penal Inter/nal.
Ésta, para que sea analizada dentro de la revisión de la apelación contra la condena de 30 años de prisión emitida contra su cliente en junio de 2010 por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según Granados, en el caso del ruandés Callixte Mbarushimana no se pudo demostrar claramente que haya participado en los cargos que se endilgaban de asesinato, violación y tortura en la República del Congo, puesto que no se presentaron pruebas y evidencias contundentes.
Para la defensa, esta condena señala que “de ninguna manera se puede condenar a una persona por ser jefe simplemente, sino que se requiere prueba de que haya actuado, es decir, que haya tenido conocimiento de los actos violatorios de Derechos Humanos y haya estado de acuerdo con ellos".
En el curso de esta semana la Sala Penal del Tribunal Bogotá de Bogotá definirá si mantiene o revoca la condena en contra del ex comandante de la Escuela de Caballería por el delito de desaparición forzada agravada.
A inicios de diciembre del año pasado, dos magistrados derrotaron la ponencia presentada por el togado Hermes Darío Lara, quien era partidario de que se rechace la condena contra el militar retirado.
DOS CARAS DE LA REFORMA POLÍTICA, ANTES Y DESPUÉS DE ELECCIONES
La ReformaPolítica(Acto Legislativo 01 de 2009 y su ley reglamentaria –1475 de 2010) tuvieron su primera prueba de fuego en los comicios territoriales de octubre 30 pasado, cuando fueron elegidos los mandatarios regionales a nival nacional.
Esta norma básicamente busca fortalecer y modernizar las estructuras de los partidos, fomentando la democracia interna y haciéndolos más responsable por los avales que entreguen, con el objeto de que no se vuelvan a repetir episodios como la parapolítica.
Igualmente, la norma introduce algunas modificaciones en materia electoral, como la realización de los escrutinios el mismo día de las elecciones y facultar al Consejo Nacional Electoral para anular las inscripciones de candidatos con inhabilidades manifiestas.
Sin embargo hoy, tras su ‘estreno’ en los pasados comicios territoriales, hay quienes consideran que la Reforma Política se quedó corta frente a las expectativas y necesidades del país.
Uno de ellos es el ex candidato presidencial Antanas Mockus, quien dijo que “creo que la Reforma Política no ha logrado plenamente sus resultados, el tema del voto preferente y listas cerradas sigue siendo un dilema trágico que se resuelve en favor de candidatos; se supone que se hizo la Reforma Política para fortalecer los partidos y finalmente los partidos optimizan el total de votos obtenidos a través de alianzas que no siempre son constantes”.
Añadió que “todavía no se ha logrado el objetivo de partidos fuertes, hay votos de opinión en cantidad creciente en el país, también una especie de actitud justiciera, siento que cuando un candidato exagera en ataques a otro, la gente toma partido por el atacado”.
Las palabras de Mockus tras la aplicación de la Reforma Política en los comicios del 30 de octubre de 2011 contrastan con las del presidente Juan Manuel Santos en el acto de sanción de la Ley estatutaria de Reforma Política, el pasado 14 de julio de 2011. “Esta Ley Estatutaria que hoy firmamos después del visto bueno de la Corte Constitucional va en esa dirección, en hacer la política una política más transparente, hacer que los partidos sean unos partidos más fuertes, y que se pueda ordenar el ejercicio de la política, que es absolutamente indispensable en cualquier democracia”.
SENADO BUSCA QUE CORTES VUELVAN A DISCUSIÓN DE REFORMA A LA JUSTICIA
La posibilidad de que las altas Cortes retornen a la discusión de la reforma a la justicia está latente, por lo menos desde el entendido que la Comisión Primera de Senado ha adelantado contactos con los magistrados después del 16 de diciembre pasado, cuando el Legislativo entró en receso.
Mientras tanto el Gobierno, por lo menos lo que se conoce públicamente, no ha pasado de las reiteraciones
en su invitación a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para que retornen a la discusión, de la que se apartaron a finales del año pasado por considerar que lo aprobado de este proyecto no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia.
El senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esta semana (pasada) estuvimos trabajando con el doctor Jesús Ignacio García (Partido Liberal), que es otro coordinador ponente, y acercándonos, como es nuestro deber, a los señores presidentes de las altas Cortes, y lo propio el Gobierno, porque el Congreso de la República tiene abiertas sus puertas para impulsar la reforma constitucional de la administración de justicia, y lograr el consenso para que a través de ese consenso, haya seguridad, entendimiento y se pueda enviar un mensaje a la sociedad que espera con mucha urgencia una reforma a la administración de justicia”.
Sobre las posibilidades de éxito de esos puentes que están tendiendo algunos de los parlamentarios de la Comisión Primera de Senado para que las Cortes vuelvan al debate, el Senador conservador dijo que “se está generando ese clima y encontramos mucha receptividad en los señores presidentes de las altas Cortes. Le corresponde ahora al Gobierno y al Congreso hacer unas invitaciones con la finalidad de que los señores presidentes de las altas Cortes nos apoyen con sus conocimientos, con sus luces, porque buscamos un sistema de administración de justicia coherente, serio, eficaz”.
Enríquez Maya remarcó que “estamos en ese trabajo y nosotros no vamos a dar el brazo a torcer para que nuevamente las tres ramas del poder público se sienten en la misma mesa y nos pongamos de acuerdo, repito, para tener una reforma constitucional en cuanto a la reforma de justicia se refiere”.
El viernes pasado el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó nuevamente a las Cortes para que retornen a la discusión del proyecto de reforma judicial. “El Gobierno nacional ha señalado una y otra vez que lo deseable en relación con este proyecto es buscar la concertación. Yo quiero insistir en algo que he venido señalando, las Cortes no deben ni pueden renunciar a un derecho constitucional que les asiste para participar en la discusión y el trámite de la reforma. Y qué bueno sería que aprovechemos estas semanas antes de que se reanude el Congreso el 15 de marzo para regresar a tratar los temas que ya hacen parte de la reforma aprobada en primera vuelta”.
Había consenso
El 23 de noviembre pasado el Consejo de Estado se retiró de la discusión de la reforma a la justicia argumentando que “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, así como la descongestión de los despachos judiciales, la garantías del derechos constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”, explicó en ese momento el magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado.
Posteriormente, el 6 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia siguió igual camino al considerar que los cambios en el proyecto en sus tres primeros debates, frente a lo concertado con las Cortes, afectan el equilibrio de la rama y no solucionan la congestión judicial.
Cuatro días antes la Comisión Primera de Cámara había aprobado una modificación al articulado con referencia a lo aprobado en segundo debate, sobre la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, al establecer que la primera instancia estaría a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y no de la Corte Suprema de Justicia.
La intención inicial del Gobierno era presentar este proyecto al Congreso en septiembre de 2010, pero luego decidió que fuera en marzo último, situación que tampoco se dio a la espera de discutirlo a fondo con las Cortes.
inalmente el 31 de agosto pasado el Gobierno radicó en Senado un proyecto de reforma a la justicia concertado con las altas Cortes.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA IMPROCEDENTE TUTELA CONTRA EL PROCURADOR
Un funcionario del ministerio Público había interpuesto una acción de tutela contra Alejandro Ordóñez al considerar que era discriminado por su orientación sexual.
La Corte Constitucional declaró improcedente la acción de tutela instaurada contra el procurador general, Alejandro Ordóñez, por el funcionario del ministerio Público Daniel Sastoque Coronado, quien argumentaba que estaba siendo discriminado por su orientación sexual.
En la acción de tutela, el funcionario planteaba que el traslado de oficina del que fue objeto se habría dado como consecuencia de su orientación homosexual, sus opiniones políticas y filosóficas y su pertenencia al Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría.
Según Sastoque, se estaban vulnerando sus derechos al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad y a no ser discriminado, además de sus derechos a la salud, a la libertad de expresión y de conciencia, a la honra y el buen nombre, a no ser sometido a torturas, tratos crueles y degradantes.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya habían negado la acción de tutela, pero en la Sentencia T-863 de 2011 la Corte Constitucional revocó las decisiones de instancia para declarar que la acción simplemente era improcedente.
La sentencia señala que en el proceso tampoco hay elementos para que la Corte Constitucional llegue a concluir, fundadamente, que el acto de traslado se expidió intempestivamente o que afectó de forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del funcionario.